LA SOCIEDAD. El exmagistrado Manuel José Cepeda, quien participó activamente en el proceso constituyente, explicó cómo durante el gobierno de Virgilio Barco se puso la primera piedra para el cambio de la Carta Magna.
Manuel José Cepeda Espinosa, abogado de la Universidad de los Andes y Magíster de la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard; ex magistrado y ex presidente de la Corte Constitucional, también fue pieza clave de la construcción de la propuesta que desembocó en la Asamblea Nacional Constituyente. Desde 1988, con sólo 27 años, se desempeñó como asesor del presidente Virgilio Barco y fue uno de los encargados de diseñar la puerta de cambio institucional más importante del siglo XX en Colombia.
El jurista habló con Gabriel Bustamante Peña sobre cómo se concibió, dentro del gobierno, la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente.
Gabriel Bustamante Peña: ¿Por qué se le atribuye a usted haber sido uno de los protagonistas de la propuesta que terminó con la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente?
Manuel José Cepeda: La Constituyente tiene diversos e importantes orígenes, pero, en efecto, yo llegué de adelantar mis estudios de maestría en Harvard y fui nombrado asesor del presidente Barco. Para la época, Colombia atravesaba una crisis de violencia muy dura y parte del trabajo consistía en buscar salidas diferentes al estado de sitio y la represión para conjurar el desequilibrio de todo orden que azotaba al país. El primer documento fue un memorando donde explicábamos la posibilidad de adelantar un plebiscito para reformar la Constitución y dar salidas institucionales a la grave situación de orden público. Posteriormente, elaboramos otro memorando donde definíamos las características que debería contener una convocatoria de Asamblea Nacional Constitucional, Asamblea que luego fue concertada y delimitada por los consensos políticos que se lograron en su momento.
G.B.P.: La propuesta inicial llegó hasta la reforma de la Constitución de 1886 limitada a unos temas…
M.J.C.: Si, unos temas definidos por consensos políticos para la convocatoria de la Asamblea y un diseño jurídico, que nosotros asesoramos, que redujera los riesgos de que la propuesta fuera declarada inconstitucional por la Corte Suprema. Por eso, ya para 1990, y con la legitimidad de la votación de la séptima papeleta, el presidente Barco apoyó públicamente la iniciativa y por decreto dio el aval para que se contabilizaran los votos. Posteriormente es el electo presidente, César Gaviria, quien expidió el decreto definiendo los temas de la Asamblea Nacional Constitucional y las calidades para ser miembro de la misma. Por último, en el análisis de exequibilidad del decreto, la Corte Suprema de Justicia dio vía libre a la convocatoria, pero declaró inconstitucional el temario dándole poder total de reforma al constituyente primario.
G.B.P.: ¿Jugó usted también un papel en el movimiento llamado la séptima papeleta?
M.J.C.: Claro, desde el principio tuve un vínculo muy estrecho con la mayoría de los líderes de la séptima papeleta. Había entablado una relación muy cercana con Fernando Carrillo debido a que estudiamos juntos en Estados Unidos y tuve una relación fluida con los demás. No me involucré como militante de la séptima papeleta por mi papel de asesor del gobierno, pero ayude al acercamiento del movimiento juvenil con funcionarios claves del Estado.
G.B.P.: La convocatoria a la Constituyente fue un proceso sui generis, ¿qué otras experiencias contemporáneas de desobediencia ciudadana se conocen que desemboquen en un cambio constitucional total?
M.J.C.: Yo no diría que fue un acto de desobediencia ciudadana, por el contrario, fue una petición del pueblo expresada en la séptima papeleta que los presidentes Barco y Gaviria supieron interpretar y viabilizar respetando las instituciones, de ahí lo clave de la sentencia de la Corte Suprema, que incluso fue más allá al declarar soberano el poder constituyente. Lo que se dio fue una adaptación al sistema colombiano de procesos constituyentes que se habían presentado, por ejemplo, en algunos Estados federales de norteamérica o en países europeos. Este proceso de cambio constitucional se dio por la voluntad política de los gobiernos de Barco y Gaviria. Barco acogió y canalizó la voluntad popular expresada en la séptima papeleta y Gaviria le dio vigencia jurídica y política para que no quedara en otra manifestación de buenas intenciones. Pero en el fondo hay una sincronía entre los ciudadanos y el gobierno de entonces respecto a que la Constitución de 1886 ya no interpretaba al pueblo colombiano.
GBP: Para usted, ¿qué hechos del momento político fueron los más determinantes para el triunfo de la Constituyente?
MJC: Primero, el magnicidio de Luis Carlos Galán y el sentimiento de repudio y movilización que despertó esta tragedia, especialmente en los jóvenes, quienes lograron la atención nacional en manifestaciones como la ‘Marcha del silencio’. Segundo, el desafío del narco-terrorismo al Estado colombiano, el sentimiento de angustia que embargó al país al no tener capacidad de respuesta ante la arremetida de la criminalidad organizada y la urgente necesidad de fortalecer las instituciones, desgastadas bajo la figura del estado de sitio, por medio de la participación ciudadana. Tercero, la búsqueda de la paz con los grupos armados, que son un factor determinante en la convocatoria y la conformación del ideario de la Constituyente. Procesos como los del M-19, el EPL, el PRT o el Quintín Lame, iniciados en el gobierno del presidente Barco, fueron definitivos para la posterior Asamblea Nacional Constituyente. Y cuarto, el liderazgo y la continuidad de los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria, sin cuya voluntad política y apuesta por la Constituyente habría sido imposible tener una Asamblea Nacional de carne y hueso.
GBP: De las expectativas generadas en el proceso de construcción de la Constituyente, ¿qué deudas le quedan hoy al país por cancelar?
MJC: Sin lugar a dudas, una es la transformación de las costumbres políticas. Con la Constitución de 1991 hubo avances, se presentaron nuevos liderazgos, se incluyeron a las mujeres y a las minorías étnicas, pero no ha sido suficiente para recuperar a la política como un mecanismo de transformación social y en un medio para solucionar los grandes problemas del país. Otra gran deuda es la generación de espacios democráticos de igualdad social, y por último, queda pendiente desarrollar la eficacia de los derechos, que la gente pueda en realidad gozar de sus garantías constitucionales.
GBP: La Constituyente fue un gran pacto de paz, ¿por qué después de 20 años la violencia no termina e incluso parece agudizarse en Colombia?
MJC: Lo primero que hay que decir es que la violencia no es culpa de la Constitución de 1991. La Carta cumplió con abrir espacios de participación política y ciudadana, que deslegitimaron la violencia como forma de alcanzar el poder. Sin embargo, mientras subsista el narcotráfico, podemos dar todos los pasos de inclusión social y política que queramos, pero seguirá siendo muy difícil de acabar con la violencia y la criminalidad.
Gabriel Bustamante Peña: ¿Por qué se le atribuye a usted haber sido uno de los protagonistas de la propuesta que terminó con la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente?
Manuel José Cepeda: La Constituyente tiene diversos e importantes orígenes, pero, en efecto, yo llegué de adelantar mis estudios de maestría en Harvard y fui nombrado asesor del presidente Barco. Para la época, Colombia atravesaba una crisis de violencia muy dura y parte del trabajo consistía en buscar salidas diferentes al estado de sitio y la represión para conjurar el desequilibrio de todo orden que azotaba al país. El primer documento fue un memorando donde explicábamos la posibilidad de adelantar un plebiscito para reformar la Constitución y dar salidas institucionales a la grave situación de orden público. Posteriormente, elaboramos otro memorando donde definíamos las características que debería contener una convocatoria de Asamblea Nacional Constitucional, Asamblea que luego fue concertada y delimitada por los consensos políticos que se lograron en su momento.
G.B.P.: La propuesta inicial llegó hasta la reforma de la Constitución de 1886 limitada a unos temas…
M.J.C.: Si, unos temas definidos por consensos políticos para la convocatoria de la Asamblea y un diseño jurídico, que nosotros asesoramos, que redujera los riesgos de que la propuesta fuera declarada inconstitucional por la Corte Suprema. Por eso, ya para 1990, y con la legitimidad de la votación de la séptima papeleta, el presidente Barco apoyó públicamente la iniciativa y por decreto dio el aval para que se contabilizaran los votos. Posteriormente es el electo presidente, César Gaviria, quien expidió el decreto definiendo los temas de la Asamblea Nacional Constitucional y las calidades para ser miembro de la misma. Por último, en el análisis de exequibilidad del decreto, la Corte Suprema de Justicia dio vía libre a la convocatoria, pero declaró inconstitucional el temario dándole poder total de reforma al constituyente primario.
G.B.P.: ¿Jugó usted también un papel en el movimiento llamado la séptima papeleta?
M.J.C.: Claro, desde el principio tuve un vínculo muy estrecho con la mayoría de los líderes de la séptima papeleta. Había entablado una relación muy cercana con Fernando Carrillo debido a que estudiamos juntos en Estados Unidos y tuve una relación fluida con los demás. No me involucré como militante de la séptima papeleta por mi papel de asesor del gobierno, pero ayude al acercamiento del movimiento juvenil con funcionarios claves del Estado.
G.B.P.: La convocatoria a la Constituyente fue un proceso sui generis, ¿qué otras experiencias contemporáneas de desobediencia ciudadana se conocen que desemboquen en un cambio constitucional total?
M.J.C.: Yo no diría que fue un acto de desobediencia ciudadana, por el contrario, fue una petición del pueblo expresada en la séptima papeleta que los presidentes Barco y Gaviria supieron interpretar y viabilizar respetando las instituciones, de ahí lo clave de la sentencia de la Corte Suprema, que incluso fue más allá al declarar soberano el poder constituyente. Lo que se dio fue una adaptación al sistema colombiano de procesos constituyentes que se habían presentado, por ejemplo, en algunos Estados federales de norteamérica o en países europeos. Este proceso de cambio constitucional se dio por la voluntad política de los gobiernos de Barco y Gaviria. Barco acogió y canalizó la voluntad popular expresada en la séptima papeleta y Gaviria le dio vigencia jurídica y política para que no quedara en otra manifestación de buenas intenciones. Pero en el fondo hay una sincronía entre los ciudadanos y el gobierno de entonces respecto a que la Constitución de 1886 ya no interpretaba al pueblo colombiano.
GBP: Para usted, ¿qué hechos del momento político fueron los más determinantes para el triunfo de la Constituyente?
MJC: Primero, el magnicidio de Luis Carlos Galán y el sentimiento de repudio y movilización que despertó esta tragedia, especialmente en los jóvenes, quienes lograron la atención nacional en manifestaciones como la ‘Marcha del silencio’. Segundo, el desafío del narco-terrorismo al Estado colombiano, el sentimiento de angustia que embargó al país al no tener capacidad de respuesta ante la arremetida de la criminalidad organizada y la urgente necesidad de fortalecer las instituciones, desgastadas bajo la figura del estado de sitio, por medio de la participación ciudadana. Tercero, la búsqueda de la paz con los grupos armados, que son un factor determinante en la convocatoria y la conformación del ideario de la Constituyente. Procesos como los del M-19, el EPL, el PRT o el Quintín Lame, iniciados en el gobierno del presidente Barco, fueron definitivos para la posterior Asamblea Nacional Constituyente. Y cuarto, el liderazgo y la continuidad de los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria, sin cuya voluntad política y apuesta por la Constituyente habría sido imposible tener una Asamblea Nacional de carne y hueso.
GBP: De las expectativas generadas en el proceso de construcción de la Constituyente, ¿qué deudas le quedan hoy al país por cancelar?
MJC: Sin lugar a dudas, una es la transformación de las costumbres políticas. Con la Constitución de 1991 hubo avances, se presentaron nuevos liderazgos, se incluyeron a las mujeres y a las minorías étnicas, pero no ha sido suficiente para recuperar a la política como un mecanismo de transformación social y en un medio para solucionar los grandes problemas del país. Otra gran deuda es la generación de espacios democráticos de igualdad social, y por último, queda pendiente desarrollar la eficacia de los derechos, que la gente pueda en realidad gozar de sus garantías constitucionales.
GBP: La Constituyente fue un gran pacto de paz, ¿por qué después de 20 años la violencia no termina e incluso parece agudizarse en Colombia?
MJC: Lo primero que hay que decir es que la violencia no es culpa de la Constitución de 1991. La Carta cumplió con abrir espacios de participación política y ciudadana, que deslegitimaron la violencia como forma de alcanzar el poder. Sin embargo, mientras subsista el narcotráfico, podemos dar todos los pasos de inclusión social y política que queramos, pero seguirá siendo muy difícil de acabar con la violencia y la criminalidad.
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