Veinte años después de la Asamblea Nacional Constituyente
Por: Elespectador.com
El 5 de febrero de 1991 se instaló en Bogotá la Constituyente, que cinco meses después le dio vida a la Carta Política que hoy rige a Colombia. La historia de una idea que impuso la juventud.
Antonio Navarro Wolf, Horacio Serpa Uribe y Álvaro Gómez Hurtado (der.), en el momento de la proclamación de la Carta Política de 1991.
Hace 20 años, en medio de la zozobra creada por el narcoterrorismo y los agobios de la confrontación armada, el país se preparaba para vivir un novedoso escenario que representó un ideal democrático: el comienzo de las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Un espacio que se fue gestando mientras la sociedad se estremecía con magnicidios y masacres, que cobró forma en el espontáneo movimiento de la Séptima Papeleta y que creó la Constitución Política que hoy rige a Colombia.
La idea no nació de un día para otro. Fue una propuesta que entre reveses y aciertos se fue volviendo un objetivo político. Durante el gobierno de Alfonso López se tramitó en el Congreso un acto legislativo para convocar una Asamblea Constituyente y reformar la justicia, pero la Corte Suprema de Justicia lo tumbó por vicios de forma. El gobierno de Julio César Turbay hizo lo propio con otro acto legislativo y nuevamente la Corte encontró los errores. Sólo el gobierno de Belisario Betancur logró un avance: la elección popular de alcaldes.
Ya en tiempos de Virgilio Barco, cuando el paramilitarismo multiplicó su barbarie, las huestes de Pablo Escobar acuñaron su lenguaje de carros bomba y los movimientos guerrilleros persistieron en su violencia, desde los editoriales de los periódicos y la tribuna política empezaron a proliferar las propuestas de consultar al constituyente primario, es decir, al pueblo, para promover una transformación institucional del país que, en un país de abogados, pasaba principalmente por una profunda reforma a la centenaria Constitución de 1886.
Sin embargo, la iniciativa se empezó a cuajar cuando después de varios crímenes políticos de impacto social el cartel de Medellín asesinó al procurador Carlos Mauro Hoyos en enero de 1988. El gobierno Barco reaccionó expidiendo el Estatuto para la Defensa de la Democracia (Decreto 180 de 1988) con severas normas de excepción para enfrentar al narcotráfico, y en un entorno de convocatoria al consenso político, instó al país a la realización de un plebiscito ciudadano para reformar cuanto antes la inamovible Constitución Política.
La idea llegó con fecha y ruta. El artículo 218 de la Carta de 1886, reforzado en el plebiscito de 1957 que le dio vida al Frente Nacional, prohibía reformar la Constitución por una vía distinta a un acto legislativo discutido y aprobado por el Congreso. Barco propuso que en la primera elección popular de alcaldes, prevista para el 13 de marzo de 1988, en papeleta separada, los colombianos decidieran la derogatoria de esta prohibición. En pocos días la fórmula derivó en una comisión de estudios de integración multipartidista para estudiarla.
Lo primero que se cayó fue la fecha, pero después de varias reuniones los voceros de los partidos políticos firmaron, la última semana de febrero, un pacto que tomó el nombre de Acuerdo de la Casa de Nariño. En esencia, se descartó la consulta plebiscitaria y se convino adelantar la reforma constitucional a través del Congreso. Los críticos del pacto empezaron a hablar de una “constituyente de políticos”, pero antes de que cobrara forma el acuerdo, un magistrado del Consejo de Estado lo suspendió por consabidos errores jurídicos.
La crisis siguió y sólo después de que el dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado fuera secuestrado por el M-19 y posteriormente liberado para forzar una negociación de paz, el gobierno Barco recobró la propuesta. En julio ante el Senado, en el comienzo de la legislatura de 1988, presentó una propuesta de reforma constitucional limitando la figura del Estado de Sitio, creando la Corte Constitucional, la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura, así como fortaleciendo los mecanismos de participación ciudadana.
A partir del 20 de octubre, con ponencia compartida por el gobierno y los partidos tradicionales, la reforma a la Carta Política se volvió el tema de titulares de primera página en los diarios. La primera vuelta quedó saldada con caras agrias en diciembre de 1988, y cuando el tema se recobró a partir de julio de 1989, el país era otro. Luis Carlos Galán había sido asesinado y el narcoterrorismo había llegado al extremo de volar un avión con 107 inocentes a bordo. La mano del narcotráfico había contaminado el camino y terminaría por arruinarlo.
Sólo faltaba un debate en la Cámara, pero súbitamente la corporación aprobó una propuesta de realizar un referendo para que los colombianos decidieran sí o no a la extradición de nacionales. El gobierno Barco reaccionó advirtiendo que el narcotráfico iba a imponer la votación a punta de terrorismo. Pero no hubo manera de convencer al Congreso. Senado y Cámara aprobaron la iniciativa. El 15 de diciembre de 1989 el gobierno solicitó la suspensión del debate. En las puertas del horno se quemó un esfuerzo que la sociedad anhelaba.
Entonces surgió lo inesperado. En la recta final de las elecciones parlamentarias de 1990, un grupo de profesores y alumnos de la Universidad del Rosario propuso una fórmula audaz: la Séptima Papeleta. Es decir, añadir a los votos por Senado, Cámara, Asamblea, Concejo, Alcaldía y Consulta Liberal un séptimo voto para producir un plebiscito de opinión en favor de una Asamblea Nacional Constituyente. Los estudiantes de la Javeriana y Los Andes se sumaron. Después lo hicieron los políticos. Pronto se convirtió en un fervor popular.
La Séptima Papeleta obtuvo un amplio respaldo ciudadano. Nunca se supo cuántos votos tuvo, porque la Registraduría no estaba obligada a escrutarlos, pero la votación fue suficiente para que el gobierno Barco se arriesgara a expedir un decreto de Estado de Sitio que ordenara a la Organización Electoral contabilizar oficialmente los votos por una Constituyente en las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990. Y a 76 horas de los comicios, la Corte Suprema de Justicia, atendiendo el clamor del pueblo, respaldó el decreto.
Con más de cinco millones de votos, además de la victoria presidencial de César Gaviria, ganó también la Asamblea Constituyente. El turno era para el elegido, y el 24 de agosto el nuevo mandatario emuló la fórmula: expidió un decreto de Estado de Sitio para ordenar a la Registraduría la realización de una jornada electoral el 9 de diciembre para integrar la Constituyente. El martes 9 de octubre de 1990, con decisión dividida de 14 votos a favor y 12 en contra, la Corte Suprema de Justicia reconoció el poder del constituyente primario.
Despejado el camino, el 9 de diciembre, con abstención electoral del 75%, fue conformada la Asamblea Nacional Constituyente. La Alianza Democrática M-19 fue la sorpresa con 19 curules. Aplicando la “Operación Avispa”, el Partido Liberal alcanzó 24 escaños. El Movimiento de Salvación Nacional, liderado por Álvaro Gómez Hurtado, se quedó con 11 curules. La votación le permitió a Antonio Navarro Wolf, Horacio Serpa Uribe y Álvaro Gómez Hurtado presidir en triunvirato la Asamblea que reformó la Carta Política.
La sociedad había vencido. En medio de las tinieblas de la violencia exacerbada, el constituyente primario logró lo que no pudieron los políticos. Hace 20 años, hacia las 11 de la mañana del 5 de febrero de 1991, uno a uno empezaron a contestar a lista los 70 constituyentes que fueron elegidos. Sólo faltó a la cita el técnico de fútbol Francisco Maturana, después reemplazado, porque estaba cumpliendo compromisos profesionales en España. Y se inició un camino de cinco intensos meses que una vez más cambió la historia de Colombia.
Reformas de ayer y hoy en la Carta Política
La Constitución de 1991 constituyó una renovación institucional en Colombia. Nacieron la Fiscalía, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, entre otros organismos. Se les dio vida a diferentes mecanismos de participación ciudadana, como la tutela, la acción popular, la acción de cumplimiento y la pérdida de investidura parlamentaria.
La libertad de expresión fue elevada a la categoría de derecho fundamental, se consagró la prevalencia de los derechos de los niños por encima de las demás libertades ciudadanas, el Banco de la República logró un estrado de independencia relativa, se impuso la elección popular de gobernadores, la defensa del medio ambiente dejó principios rectores y el Estado de Sitio se volvió Conmoción Interior.
Sin embargo, la Constitución de 1991 ya ha tenido múltiples reformas. La principal de ellas, la aprobación de la reelección presidencial inmediata. El texto original prohibía cualquier forma de reelección del primer mandatario. Hoy se tramita una reforma al régimen de regalías y se plantea la necesidad de introducir cambios significativos en la justicia.
Los estudiantes y la séptima papeleta
El origen fue el grupo de debate al que la decana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, Marcela Monroy, y el catedrático Fernando Carrillo le dieron un significativo nombre: “Todavía podemos salvar a Colombia”. Un grupo de debate que aireó la idea de promover una Asamblea Nacional Constituyente a través de una séptima papeleta en los comicios del 11 de marzo de 1990.
La séptima papeleta logró de inmediato aliados y críticos políticos. El dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado la encontró afín a su propuesta de “acuerdo sobre lo fundamental”; el escritor Gabriel García Márquez calificó como sospechosa la unanimidad de tantos políticos respecto a la iniciativa. Pero después de las críticas y las adhesiones, la propuesta se abrió paso. Los estudiantes de la época constituyeron la fuerza que cambió la historia.
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